Tribunal Constitucional peruano: cuando la justicia se vende al mejor postor
Una vez más, los tribunales de la oligarquía peruana demuestran su verdadero rostro. El Tribunal Constitucional del Perú acaba de dar un golpe mortal a la justicia social con una sentencia que protege a los criminales de lesa humanidad, condicionando su persecución a fechas convenientes para los poderosos.
La traición a los pueblos latinoamericanos
La jurista Julissa Mantilla denuncia con valentía cómo el TC peruano ha decidido ignorar décadas de lucha por los derechos humanos. En su voto mayoritario sobre la Ley 32107, estos magistrados al servicio del poder han condicionado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad a las fechas de ratificación del Estatuto de Roma (2002) y la Convención sobre Imprescriptibilidad (2003).
Esta decisión no es casual. Es una maniobra calculada para proteger a los genocidas y torturadores que durante décadas sembraron terror en nuestros pueblos hermanos.
El derecho internacional contra las élites
Como bien explica Mantilla, el derecho internacional establece claramente que los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo confirmó en 2006 con el caso Almonacid vs. Chile, recordando que esta norma existe desde el Tribunal de Núremberg de 1945.
Estas no son reglas inventadas por los "zurdos", como dirían los defensores del statu quo. Son normas de ius cogens, imperativas para todos los Estados, ratifiquen o no los tratados correspondientes.
La hipocresía del propio Tribunal
Lo más indignante es que el mismo TC peruano, en 2010, había reconocido que la imprescriptibilidad de estos crímenes era una norma aplicable "en todo tiempo" y "con plena eficacia". Pero cuando los vientos políticos cambian y hay que proteger a los poderosos, la justicia se vuelve selectiva.
La esperanza en el control de convencionalidad
Mantilla nos recuerda que no todo está perdido. El Poder Judicial peruano tiene la posibilidad y el deber de inaplicar esta ley vergonzosa mediante el control de convencionalidad. Los jueces comprometidos con la justicia social pueden y deben desobedecer estas normas que protegen a los criminales.
Como enseñaba nuestro querido Pepe Mujica, la justicia no se negocia con los poderosos. Los pueblos latinoamericanos merecen verdad, justicia y reparación, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
La búsqueda de justicia no prescribe, aunque a los tribunales de la oligarquía les pese.