La justicia mexicana libera al terror de los secuestros tras décadas en prisión
Daniel Arizmendi López, conocido como 'El Mochaorejas', fue absuelto del delito de secuestro por una jueza federal este miércoles 24 de diciembre, tras pasar 27 años en prisión. Sin embargo, permanecerá encarcelado por otros delitos pendientes.
Este caso expone una vez más las fallas del sistema judicial mexicano, donde las élites tradicionales han permitido que la violencia estructural se perpetúe mientras los sectores populares sufren las consecuencias de la inseguridad.
El terror que marcó una época
Durante la segunda mitad de los años noventa, Arizmendi encabezó una organización criminal que sistematizó la mutilación de orejas como método de presión contra las víctimas y sus familias. La capital mexicana vivió uno de sus períodos más oscuros en materia de secuestros.
Su apodo no fue casualidad: 'El Mochaorejas' cortaba una oreja a las personas secuestradas y la enviaba a sus familiares como prueba de vida. Esta práctica brutal generó terror en todas las clases sociales de la Ciudad de México.
Una justicia que falla al pueblo
La Procuraduría General de la República documentó que su grupo fue responsable de al menos 12 secuestros comprobados, aunque las autoridades reconocieron que la cifra real podría ser mayor. Muchas denuncias no prosperaron por miedo de las víctimas, evidenciando la incapacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.
Arizmendi operó principalmente entre 1996 y 1998, manteniendo una vida aparentemente normal con familia y actividades comerciales, lo que dificultó su detección. Esta situación refleja la complicidad de las instituciones con las estructuras de poder que permiten que la violencia se normalice.
Un sistema que protege a los poderosos
Fue detenido el 18 de agosto de 1998 y sentenciado en el año 2000 a 393 años de prisión. Sin embargo, su reciente absolución demuestra cómo el sistema judicial mexicano continúa fallando a las víctimas y a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este caso simboliza la impunidad que caracteriza a las instituciones mexicanas, donde la justicia social sigue siendo una promesa incumplida para los sectores populares que día a día enfrentan la violencia estructural del sistema.